JOSÉ TOMÁS VAREA, CRONISTA OFICIAL DE TUÉJAR
Hace unos meses hablábamos de una “fiscalidad diferenciada” para los habitantes de localidades en riesgo de despoblación y la iniciativa de la Generalitat Valenciana
de aplicar una rebaja del IRPF, de entre 250 y 400€ por persona física. Esta es una de las medidas de la Agenda Valenciana Antidespoblación (AVANT) que ha beneficiado a 46 localidades de la provincia de Valencia y a 160 poblaciones de toda la Comunidad Valenciana.
Esta medida, por sí misma, no es un incentivo para animar a la gente a quedarse a vivir y desarrollar su proyecto de vida en estas poblaciones, es una medida de justicia social, pues muchos ciudadanos que vivimos en los pueblos, sobre todo los de avanzada edad, tenemos dificultades de acceso a los hospitales, a las oficinas de la Administración Pública, a otros servicios públicos y nos cuesta más dinero y tiempo el poder acceder a esos servicios. Nuestros jóvenes tienen un gasto añadido cuando estudian en la universidad, pues implica el alquiler de una vivienda o un gasto importante en transporte.
En los últimos meses, el Gobierno central ha tomado la medida de ofrecer la gratuidad en los transportes ferroviarios de cercanías y media distancia. Esto supone una ayuda importante que, al menos durante los últimos cuatro meses de 2022, las personas que formalicen el abono gratuito puedan viajar, de forma ilimitada entre las dos estaciones que usen habitualmente. Esta ayuda va destinada a las personas que viven en zonas urbanas o sus proximidades, pues el tren es un medio de transporte que no tiene ninguna presencia en el medio rural.
De nuevo las personas que vivimos en los pueblos estamos sufriendo una discriminación, respecto a la población en general. Las leyes se piensan para su aplicación en las ciudades y en nuestros pueblos, que no necesitan transporte público interno, pues las distancias son pequeñas (y eso es una gran ventaja), se quedan fuera de estas medidas. Sin embargo, para desplazarse entre localidades hay un auténtico problema por la escasez y dificultades del transporte público. Tenemos que recordar el precario sistema de servicio de autobús que, en muchos casos se tiene que hacer “a demanda”. Para pagar impuestos todos somos iguales, pero no lo somos para recibir servicios públicos.
Es muy importante que estas medidas de “fiscalidad diferenciada” se amplíen al ámbito de las empresas, de forma que aquellas que decidan instalarse en zonas en riesgo de despoblación, puedan tener ventajas fiscales que hagan estas zonas atractivas para su instalación. En otra ocasión hablábamos que, desde la Edad Media, los gobernantes facilitaban la instalación de nuevos pobladores, con bajos impuestos, en aquellas zonas que habían quedado despobladas, tras la conquista cristiana o la expulsión de los judíos o los moriscos.
Hay que reclamar a nuestros políticos una sensibilidad hacia las zonas rurales, en las que en el 85 % del territorio sólo vive el 15 % de la población. Es un auténtico desequilibrio demográfico que genera además una desigualdad e injusticia para los ciudadanos que las habitamos. Al mismo tiempo no se pueden exigir los mismos requisitos para instalar una panadería en una gran ciudad, donde es un negocio, que en un pequeño pueblo que además es un servicio a la comunidad. De nuevo las leyes se hacen pensando en las ciudades.