FRANCISCO PÉREZ PUCHE, CRONISTA OFICIAL DE VALENCIA

Quizá el último gran favor que el concejal Ramón Vilar le hizo a la ciudad antes de fallecer fue diseñar una salida inteligente a los 32 millones de euros que el Ayuntamiento tenía en remanentes de tesorería y bajo riesgo de incautación por el Estado. Fuera Vilar el autor de la idea, fuera el alcalde Ribó, el interventor o todos juntos, lo cierto es que cuando tomó carne de decreto la idea del Gobierno de ‘arramblar’ con los remanentes de los municipios, Valencia había dedicado una partida sustancial a amortizar deuda, con gran beneficio para los contribuyentes del futuro.

Pero el asunto sigue coleando. La ministra Montero no se rinde y tras haber forzado un ‘tragalá’ a la Federación de Municipios esboza ahora un decreto por el que los ayuntamientos se convertirán en prestamistas del Estado, algo así como si invirtieran los recursos ahorrados en bonos del Tesoro o deuda perpetua. El martes, de buena mañana, una treintena de alcaldes de grandes ciudades iniciaron la temporada de otoño con una conferencia telemática y un comunicado en el que señalan que el decreto de la señora Montero no va a ser aprobado en el Congreso porque el PSOE no tiene mayoría para hacerlo; todos los partidos, menos el de Pedro Sánchez, están decididos a no secundar el proyecto gubernamental: ni el de julio, en su versión dura, ni el de ahora, reblandecido.

Toca negociar. Es preciso volver a empezar con la peregrina idea… o simplemente retirarla de la circulación. Aunque lo cierto es que el martes, los grandes ayuntamientos, que engloban a no menos de 20 millones de habitantes, le dieron la vuelta a la tortilla, y expusieron su más cruda realidad. Debido a los gastos extraordinarios causados por la epidemia necesitan lo contrario de lo que el Gobierno proyecta: que el Estado les financie con 6.000 millones, mil de ellos dedicados al transporte. Y además, atentos, que hay que empezar a hablar de los fondos europeos extraordinarios y de las cifras con las que preparar los presupuestos.

Como se puede ver, estamos ante un inicio de otoño políticamente seductor. Es obvio que el inicio de curso es un asunto mucho más intenso, una batalla que hay que librar con precisión desde los parvularios a los másters universitarios. Pero en el Ayuntamiento de Valencia resulta que el alcalde se enfrenta a los designios del partido del que es socio y al propio concejal de Hacienda que ha sucedido a Vilar. El PSOE municipal guarda prudentísimo silencio mientras el alcalde se siente arropado, al menos desde la sombra, por el Partido Popular y Ciudadanos, defensores de una autonomía municipal que el Gobierno menosprecia. Curioso.

Fuente: https://www.lasprovincias.es