FRANCISCO PÉREZ PUCHE, CRONISTA OFICIAL DE VALENCIA
Corría el infeliz año de 2012 cuando Cristóbal Montoro, invitado por los «hombres de negro», se vio en la necesidad de tomar medidas de acero para contener el gasto en ayuntamientos, diputaciones y autonomías. En pocos meses, estas instituciones aplicaron a su vez el cerrojo sobre los organismos que de ellas dependían. A lo largo de 2013, el Congreso terminó por establecer un férreo «telón de austeridad» a través de una ley que cualquier alcalde español odia: la LRSAL 27/13, dedicada a la «racionalización y sostenimiento de la administración local». Todo eso, un verdadero corsé administrativo heredado de tiempos muy duros, aún estaba en vigor el 10 de marzo, cuando empezó la tragedia. Cualquier ayuntamiento tenía prohibido usar sus remanentes de tesorería –lo que podríamos llamar sus ahorrillos de gestión ordenada– con libertad de acción. Una semana después, el diputado Baldoví fue de los primeros que dijo que se podría levantar esa hibernación a unos ayuntamientos que tenían que redoblar esfuerzos para atender servicios esenciales.
Durante abril y mayo las peticiones a la Moncloa se han convertido en catarata; uno de los que ha reclamado la liberalización de las normas ha sido Abel Caballero, presidente de la federación de municipios españoles y socialista ilustre. Con todo, el Gobierno de Sánchez, que vive cómodo con los presupuestos que hizo Montoro, ha seguido atendiendo los consejos de las ministras Montero y Calviño: el mejor ayuntamiento es el ayuntamiento corto de bocado, embridado en sus gastos. Solo en abril accedió a autorizar que los municipios pudieran usar un 20% de su remanente de tesorería a cubrir gastos extraordinarios destinados a atender necesidades derivadas del Covid.
El alcalde Ribó, como un martillo pilón, ha venido pidiendo la liberalización del gasto cada semana: da igual que su agenda diaria vaya de playas que de asfaltos. La última oportunidad se la dio, el martes, una reunión de la federación de municipios valenciana. Su argumento fue de gran solidez: la gente con necesidades acude a su ayuntamiento, «somos la primera puerta donde se llama». Sin embargo, hoy por hoy, el 80% de la capacidad gastadora de los municipios sigue congelada. Y es eso es lo que me hace pensar/temer dos cosas: la primera, que en el Gobierno, por alguna razón, siguen atentos al principio eterno de que muchos municipios no son de fiar a la hora del gasto; la segunda es que Sánchez, que escucha con atención al Banco de España, piensa que la que viene este otoño es muy gorda. Y que en realidad, buenas son las medidas de control porque entraremos en una crisis financiera sin haber salido de la anterior.
Fuente: https://www.lasprovincias.es